El proyecto del corredor de hidrógeno H2Med, en el que participan España, Francia, Portugal y Alemania, ha obtenido una primera calificación técnica positiva por parte de la Comisión Europea con el fin de optar a la financiación comunitaria.
Fuentes del Gobierno, que han confirmado información a Europa Press, celebran haber superado esta primera fase que no finalizará antes de noviembre.
El Gobierno de España presentó su candidatura a la convocatoria para Proyectos de Interés Común (PCI) el pasado 16 de diciembre de 2022. Ahora, Bruselas ha dado luz verde en el primer examen técnico del proyecto.
Impulsado por los gobiernos de España, Portugal, Francia y Alemania, el H2Med incluye dos infraestructuras transfronterizas, una entre Celorico da Beira (Portugal) y Zamora, y otra, submarina, entre Barcelona y Marsella (Francia), que están promovidas por los respectivos transportistas y gestores de los sistemas gasistas: Enagás por la parte española, REN por la portuguesa, y GRTgaz y Terega por la francesa.
Estas empresas (TSO, por sus siglas en inglés) han trabajado coordinadamente para diseñar el H2Med y ayer presentaron su candidatura a la convocatoria de PCI de la Comisión Europea. En el caso de la conexión con Portugal, cada TSO se ha encargado de presentar la parte de la interconexión en su territorio; en el caso de la conexión con Francia, lo han hecho los tres TSO implicados conjuntamente.
H2MED tendrá capacidad para transportar hasta 2 millones de toneladas al año (MTPA) de hidrógeno renovable, lo que supone un 10% del consumo previsto en Europa en 2030, según REPowerEU.
En el mes de noviembre, Bruselas hará publico un listado final con los detalles de los proyectos que serán considerados de Interés Comunitario y la financiación a la que cada uno de ellos podrá acceder.
Tras el veredicto, se elaborará una lista regional de los proyectos propuestos, que la Comision adoptará como lista a escala de la Unión Europea mediante un acto delegado que se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo.
A continuación, estas instituciones tendrán dos meses para oponerse a la lista, con posibilidad de una proórroga de otros dos meses. Sin embargo, no podrán solicitar modificaciones de la lista. Además, entrará en vigor si ninguno de ellos la rechaza.
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