España necesita una regulación para el desarrollo del hidrógeno verde. Como elementos claves: “Las ayudas públicas, las garantías de origen o la simplificación administrativa”, según el diario El Economista. Además, la transición hacia un modelo económico sostenible, de llevarse a cabo sobre sólidas bases, podría ser el motor para que conseguir una posición líder.
España, lo hemos dicho otras veces, es una de las zonas europeas con mayor potencial para producir hidrógeno verde. Las posibilidades que ofrecen las energías renovables solar y eólica hacen que nuestro país pueda tener un papel relevante de cara al futuro.
Sin embargo, según el Economista, para el desarrollo del hidrógeno verde es necesario que éste cuente con un marco regulatorio perfectamente definido. Dicho marco desempeñará un papel clave en la descarbonización de sectores especialmente complicados por cuestiones tecnológicas.
La Hoja de Ruta del hidrógeno del Gobierno en su hoja de ruta establece una potencia de 4 gigavatios para 2030 mediante electrolizadores y con fuentes renovables. Para lograrlo, el Consejo de Ministros ya ha aprobado la propuesta del MITECO: el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA). También hemos hablado de él y, como informábamos, el Gobierno espera que movilice una inversión superior a 16.300 millones de euros.
En 2022, España jugará un papel decisivo en el desarrollo del hidrógeno verde si sigue apostando por esta tecnología. En esa línea, el pasado 24 de diciembre se publicaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas: 250 millones de euros para el programa de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable. Y además, 150 millones para proyectos pioneros de hidrógeno verde con viabilidad comercial, para su producción y consumo local en sectores de difícil descarbonización.
Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y serán gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
El coste es uno de los grandes retos para el desarrollo del hidrógeno verde. Antonio Hernández, socio de sectores regulados y análisis económico en EY, señala que un desafío para el despliegue reside en promover su competitividad en costes. En parte, puede solucionarse por las ayudas públicas. Según el Hydrogen Council o IRENA, su precio actual se sitúa en torno a los 3,5 euros por cada kg. Mientras, el del hidrógeno gris es de 1,5 euros/kg (si no se tiene en cuenta el encarecimiento coyuntural del coste del gas natural).
Según Hernández, la financiación pública; la reducción de precios de la electricidad por las renovables, a medio plazo; las señales que dé la fiscalidad verde; así como el precio del CO2:
«Permitirán que el precio del hidrógeno verde descienda en torno a los 2,5 euros/kg para 2030 y 1,5 euros/kg para 2050».
Asimismo, apunta a que la aprobación del sistema de garantías de origen para los gases renovables, que ya está en borrador, será clave al respecto. Estas garantías certificarán el volumen de gas y su calidad, puesto que se diferenciará entre hidrógeno verde, biometano, biogás u otros gases. Además, abarcará cualquier gas renovable producido y consumido, ya sea in situ, autoconsumido, inyectado, o no, a la red de gasoductos.
Otro punto a tener en cuenta, explica Hernández, es la importancia de simplificar los trámites administrativos para la operación y ejecución de instalaciones de producción. Con respecto a ello, considera que deberá haber también una homogeneización de procesos administrativos entre las Comunidades Autónomas.
También será fundamental contar con estrategias de descarbonización para sectores que no se pueden electrificar. En esa línea, recientemente, MITECO sacó a consulta pública los términos para la adjudicación de 1.200 megavatios (MW) de cogeneración en los próximos tres años.
Entre lo exigido: los candidatos a las subastas deberán garantizar un consumo mínimo de hidrógeno verde en sus instalaciones (10%), que podrán operar con gas natural o biomasa; además, las instalaciones de los adjudicatarios podrán destinar más del 30% de la producción de electricidad al autoconsumo (salvo que hayan firmado una PPA).
El análisis de Hernández también señala la importancia de la simplificación y facilitación del desarrollo de líneas eléctricas directas de esta producción: «que genere cierta relación en la planificación de las redes de gas y electricidad«.
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